Sexta Edición del Taller Regional de CELE para Legisladores, Asesores y Funcionarios Públicos
En el Centro de Estudios en Libertad de Expresión (CELE) de la Universidad de Palermo llevamos a cabo nuestro sexto taller regional para legisladores, asesores legislativos y funcionarios públicos el 25 de junio de 2026, reuniendo a una amplia diversidad de responsables de políticas públicas de toda América Latina. Matías González Mama, Coordinador del Área Regional América Latina, estuvo a cargo de la apertura y moderación del evento. El encuentro abordó dos desafíos que enfrentan las democracias en la era digital en dos módulos. Uno sobre la regulación del acceso de niños, niñas y adolescentes a las redes sociales. EL otro sobre la creciente amenaza de las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) dirigidas contra periodistas y personas críticas de funcionarios públicos.
Javier Pallero estuvo a cargo del primer módulo y, Mariela Galeazzi y Solciré Previñano, de Amnistía Internacional (sección Argentina), del segundo.
El debate sobre la regulación de plataformas digitales
Javier Pallero invitó a reflexionar críticamente sobre la creciente ola de iniciativas legislativas que buscan restringir el acceso de NNA a las redes sociales. Si bien reconoció las preocupaciones relacionadas con el impacto de las plataformas sobre la salud mental y la privacidad de niños y adolescentes, sostuvo que los modelos prohibitivos (como la reciente prohibición total adoptada por Australia) son medidas desproporcionadas que generan nuevos riesgos.
Uno de los principales riesgos identificados fue la implementación de sistemas de verificación de edad. Javier distinguió entre los mecanismos de identificación de las personas usuarias y aquellos orientados a la estimación de la edad, señalando que ambos plantean desafíos relevantes. Asimismo, destacó las complejidades que presenta su implementación en América Latina, donde es frecuente que un mismo dispositivo sea compartido por personas adultas y niños, niñas y adolescentes (NNA).
Si bien estos mecanismos buscan hacer efectivas las restricciones de acceso por edad, también representan una amenaza significativa para el anonimato y la privacidad de las personas usuarias. La infraestructura necesaria para verificar o estimar la edad a gran escala puede derivar en sistemas de vigilancia susceptibles de usos indebidos, comprometiendo precisamente la privacidad que estas medidas buscan proteger.
Como alternativa, Pallero propuso “elevar el piso de protección” para todas las personas usuarias mediante tres ejes principales:
- Restringir las prácticas de publicidad dirigida que explotan los datos personales y manipulan el comportamiento.
- Incrementar la transparencia algorítmica para que las personas comprendan cómo se selecciona y presenta el contenido.
- Fortalecer las herramientas de control parental para que las familias puedan tomar decisiones acordes con sus circunstancias.
Este enfoque prioriza el establecimiento de salvaguardas estructurales por encima de respuestas exclusivamente restrictivas, reconociendo que los niños, niñas y adolescentes son titulares de derechos y que su acceso a la información y la libertad de expresión deben protegerse. Asimismo, advirtió que dichas salvaguardas también deben aplicarse a los mecanismos de verificación o estimación de edad, evitando que estos impliquen la recopilación o el intercambio innecesario de datos personales por parte del Estado o de las empresas, con los consiguientes riesgos para la privacidad.
Estándares interamericanos sobre libertad de expresión
Mariela Galeazzi y Solsiré Previñano presentaron las garantías que el Sistema Interamericano ha desarrollado en materia de libertad de expresión a partir de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte y la Comisión Interamericana. Uno de los principios centrales fue que las expresiones sobre funcionarios públicos y asuntos de interés público gozan de una protección reforzada. Esta protección diferenciada responde al papel esencial que desempeña el debate público en una sociedad democrática.
Las expositoras también abordaron el fenómeno de las SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), explicando que estas acciones judiciales no buscan realmente proteger derechos legítimos, sino intimidar y silenciar a periodistas y voces críticas sobre funcionarios públicos mediante la carga económica, temporal y psicológica que implica enfrentar un litigio. Conforme a los estándares interamericanos, el daño a la libertad de expresión comienza desde la mera presentación de la demanda, independientemente de su resultado final.
Como ejemplo, se refirieron a las denuncias penales iniciadas por el actual presidente de Argentina contra periodistas, ilustrando cómo los mecanismos legales pueden utilizarse para generar un efecto inhibidor sobre el ejercicio del periodismo y la crítica pública. Asimismo, compartieron recomendaciones para que jueces y operadores jurídicos identifiquen y desestimen tempranamente este tipo de demandas abusivas antes de que produzcan sus efectos intimidatorios.
Reflexiones finales de Agustina del Campo
En el cierre del encuentro, nuestra directora Agustina del Campo señaló que los episodios de alarma social en torno a la tecnología y la juventud históricamente han derivado en restricciones excesivas que terminan perjudicando a quienes buscan proteger. También advirtió sobre la tendencia a confiar en soluciones tecnológicas que prometen resolver problemas sociales complejos, pero generan nuevos riesgos sin abordar sus causas profundas.
Asimismo, enfatizó que no debe considerarse a las personas menores de edad como un grupo homogéneo: las capacidades, necesidades y derechos de un adolescente de 13 años son distintos de los de uno de 17, por lo que las respuestas regulatorias deben reflejar esas diferencias.
Finalmente, alertó sobre una tendencia preocupante en la región: el uso de argumentos de protección de la democracia para justificar medidas que restringen la circulación de ideas. En esa línea, desde el CELE se presentó una ampliación del amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la consulta de Guatemala, que solicitaba una opinión consultiva sobre el alcance de la Convención Americana en relación con la existencia de un derecho humano a la democracia y sus implicancias para la protección del orden democrático. En dicha presentación se reforzó la preocupación por el uso de argumentos de “protección de la democracia” para justificar restricciones a la libertad de expresión, especialmente en contextos electorales y de alta polarización. Allí se subrayó que, si bien fenómenos como la desinformación plantean desafíos reales, las respuestas estatales no deben traducirse en mecanismos de censura o vigilancia que terminen debilitando el propio debate democrático que dicen proteger. Agustina mencionó:
“Debemos mantenernos vigilantes cuando quienes ejercen el poder invocan la democracia para silenciar el disenso, cuando la protección se convierte en un pretexto para el control y cuando la defensa de los derechos se utiliza para justificar su restricción.”
Concluyó mencionando que América Latina cuenta con un sólido marco jurídico en materia de derechos humanos y con una red de instituciones y organizaciones comprometidas con la defensa de la libertad de expresión, capaces de construir un futuro digital que respete los derechos fundamentales.