La avanzada autoritaria de Silicon Valley hace escala en Sudamérica
Las aventuras de Peter Thiel en Buenos Aires.
La mañana del jueves 23 de abril, los periodistas acreditados para trabajar desde la Casa Rosada se enteraron de que sus permisos de acceso habían sido suspendidos y que la sala de prensa estaba clausurada. Es una medida sin precedentes desde el retorno de la democracia a Argentina y coincide con el deterioro de las condiciones para ejercer la libertad de expresión en el país, como advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la tarde de ese mismo día, el presidente Javier Milei se reunió con Peter Thiel, fundador de Paypal y de Palantir, controvertida empresa que cuenta entre sus muchos clientes alrededor del mundo a varias agencias de seguridad, militares, policiales y de inteligencia, incluyendo al criticado Immigration and Customs Enforcement de Estados Unidos, ICE.
La visita de Thiel a Argentina se presentó como un ejercicio de observación al ‘experimento libertario‘ y coincidió con la publicación del ‘Palantir manifesto’, un documento con una veintena de tesis entre las que destacan la supremacía estadounidense, la necesidad de crear mejor software para la guerra y el rechazo al pluralismo, en medio de un flujo errático de ideas dispersas y dispares, que para muchos debe leerse con tono de amenaza. El manifiesto ha sido catalogado de tecnofascista y es el más reciente esfuerzo de una empresa de tecnología por expresar una voluntad de participar activamente en la disputa por el poder global.
Poder político, poder económico
La represión, el control y la guerra son negocios lucrativos, particularmente para la industria tecnológica, capaz de proveer herramientas y mecanismos para la administración de la violencia y el ejercicio de los impulsos de los gobiernos autoritarios. No se trata de un fenómeno nuevo, la lista de empresas que proveyeron servicios al Tercer Reich incluye a IBM y Siemens. Recientemente, Francesca Albanese —Relatora Especial de ONU sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos— publicó un reporte nombrando a las empresas que se benefician de “la destrucción de la vida palestina”. Palantir, Microsoft, Alphabet (Google), IBM y Amazon son mencionadas. Lo novedoso del caso de Palantir y su manifiesto es que declara su simpatía por la guerra de forma abierta, desafiante incluso.
Pero el manifiesto de Palantir no es el ejemplo más evidente de la estrecha relación entre la administración Trump y Silicon Valley. Durante 130 días Elon Musk fue el líder de facto de DOGE, una comisión ideada por él mismo para reestructurar el gobierno federal recortando el gasto público. Aunque el resto de las big-tech han sido más recatadas, todas se han cuadrado tras la administración Trump, que —a su vez— ha decidido proteger los intereses de las tecnológicas frente a sus competidores extranjeros (como TikTok) y de la regulación en mercados estratégicos, como la Unión Europea y Brasil, por ejemplo, por medio de tasas arancelarias.
Tres años atrás, Elon Musk y Sam Altman firmaban una carta que pedía una moratoria de al menos seis meses en los experimentos con inteligencia artificial, advirtiendo sobre los graves riesgos que estas tecnologías podrían representar para la humanidad. La realidad hoy es otra. Horas antes de que Estados Unidos atacara a Irán, OpenAI firmó un contrato con el Departamento de Defensa estadounidense, supliendo la vacante que dejó Anthropic, que levantó una serie de exigencias para que su tecnología fuera ocupada en contextos militares. La disputa se encuentra actualmente en tribunales, pero significó el retiro de una inversión de cientos de millones de dólares por parte de 1789 Capital, un fondo de capital de riesgo con lazos con Trump y Peter Thiel. Más recientemente, Google, xAI, Amazon, Microsoft, Nvidia y OpenAI firmaron un acuerdo con el Pentágono para ceder modelos de IA en asuntos clasificados. La política ética de IA de Google, que prohibía su uso para el desarrollo de armas o herramientas de vigilancia masiva, fue modificada en febrero del año pasado.
Uno de los ejemplos más claros del reacomodo ideológico realizado por las empresas de tecnología fue la modificación de las políticas de moderación de contenidos de Meta, en enero de 2025. dos meses después de donar un millón de dólares a la investidura de Trump. Entre sus cambios, cesó el programa de fact-checking en Estados Unidos. En el vídeo publicado por Mark Zuckerberg comunicando la decisión, menciona la prioridad de “trabajar con el presidente Trump para hacer frente a los gobiernos extranjeros que persiguen a las empresas estadounidenses para censurar más”, mientras que los comunicados de prensa de Meta mencionan el deseo de volver a sus “raíces de libertad de expresión”.
Es preocupante cómo la libertad de expresión ha sido instrumentalizada en el marco de una disputa que es a la vez (geo)política, económica y de valores. Un buen ejemplo de ello es el discurso “anti-woke”, que califica como censura los avances en derechos de las minorías, y que ha tenido de voceros a Trump, Milei, Thiel, Musk. El propio Zuckerberg ha coqueteado también con este discurso, añorando más “energía masculina” en la cultura corporativa, mientras los cambios en las políticas de Meta dejan desprotegidos poblaciones históricamente marginalizadas como migrantes, mujeres y comunidad LGBTIQ+.
Tecnología, dependencia y derechos humanos
Frente a este contexto y desde América Latina, hay varias reflexiones que parecen relevantes. La primera tiene que ver con la discusión larga y compleja sobre las lógicas de dependencia tecnológica y su impacto en el desarrollo de nuestros países, pero también sobre la soberanía y la protección de intereses estratégicos. En un momento donde las lealtades se vuelven así de explícitas, es necesario cuestionar las implicaciones de la confianza en la gran empresa extranjera para el despliegue y ejecución de materias ligadas a las labores de inteligencia y seguridad nacional.
La segunda tiene que ver con la opacidad que cubre los lazos entre las compañías proveedoras de tecnología y los gobiernos de la región. Existen hoy serias dificultades en materia de transparencia y acceso a la información pública cuando se trata de las acciones estatales que implementan sistemas tecnológicos, especialmente con fines de vigilancia: sabemos poco respecto a qué tecnologías se adquieren, de qué proveedores y a qué precio; cómo se usan y amparadas en qué ley. Los estados sistemáticamente invocan motivos de seguridad nacional y el secreto de estado para negar el acceso a información que debería ser pública, en tanto es necesaria para asegurar la rendición de cuentas sobre la legitimidad de las actuaciones estatales.
Finalmente, y quizás la más relevante, es la necesidad de contar con marcos suficientemente robustos de promoción, protección y garantía de los derechos humanos, que brinden herramientas efectivas independientemente de quiénes son los gobiernos de turno o las empresas con las que contraten.