¿Ha muerto la libertad de expresión? Una hoja de ruta para la era de la erosión democrática
Puntos clave de nuestro panel virtual conjunto con EFF: la relatora especial de la ONU Irene Khan y expertos en derechos digitales analizan cómo el retroceso democrático y los monopolios tecnológicos están transformando la libertad de expresión en todo el mundo
El 8 de julio de 2026, el Centro de Estudios en Libertad de Expresión (CELE) y la Electronic Frontier Foundation (EFF) convocaron a un panel global de expertos, diplomáticos y defensores de derechos para debatir algunas de las cuestiones más urgentes sobre el estado de la libertad de expresión en el mundo. Como señaló Agustina Del Campo, directora del CELE, en sus palabras de apertura, el hecho de que la conversación estuviera programada originalmente como una sesión presencial en RightsCon —evento que fue cancelado debido a presiones extranjeras sobre el gobierno de Zambia— refleja el frágil estado de la libertad de expresión a nivel global.
Esta mesa redonda marcó una de las últimas apariciones públicas de Irene Khan como Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Opinión y de Expresión, cuyo mandato finalizó en julio de 2026. Junto a la embajadora sueca para los Derechos Humanos, Irina Schoulgin-Nyoni; la responsable de Derecho y Políticas de ARTICLE 19, Chantal Joris; y el Senior Counsel de la EFF, David Greene, la discusión, moderada por el investigador del CELE Nicolás Zara, comenzó analizando las restricciones actuales a la libertad de expresión basadas en la seguridad nacional, la protección de la democracia y la seguridad infantil.
Sobre la libertad de expresión y la seguridad nacional
La Relatora Especial Irene Khan comenzó contextualizando el estado de la libertad de expresión en el mundo: solo el 7% de la población mundial vive en democracias liberales, y muchas de estas democracias están sufriendo retrocesos. Esto ha llevado a la normalización de lo que ella denomina la “securitización” de la libertad de expresión: mientras que los Estados autocráticos siempre han utilizado leyes de seguridad nacional y antiterroristas para acallar el discurso, ahora vemos a democracias en retroceso empleando esas mismas tácticas en América Latina, Asia y —sorprendentemente— en Europa Occidental y América del Norte, regiones que históricamente han sido defensoras de los derechos humanos y la libertad de expresión. Añadió que ahora el Estado más poderoso del mundo “no solo ha ignorado el derecho internacional de los derechos humanos, sino que ha tomado represalias contra los gobiernos que buscan defenderlo”. Como ejemplo, citó las medidas de represalia de Estados Unidos contra Europa en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA), que intentaron aislar el comportamiento de las plataformas con sede en su territorio del alcance de dicho régimen legal mediante aranceles, sanciones y amenazas. Señaló, además, el proceso de “mercantilización” de la libertad de expresión, según el cual este derecho se trata como una moneda de cambio, y a la vez se utilizan aranceles para controlar el flujo de expresión.
Profundizando en la securitización de la libertad de expresión, Chantal Joris (ARTICLE 19) indicó que el impacto de los conflictos armados en la libertad de expresión excede a las partes y territorios directamente involucrados, citando como ejemplo que el discurso en torno a la situación en Israel y Palestina ha estado en el centro de la censura a nivel internacional. Esto se traslada a la moderación de contenidos en línea; por ejemplo, en el Reino Unido, donde Palestine Action ha sido declarada organización terrorista y la Ley de Seguridad en Línea (Online Safety Act) exige a las plataformas actuar contra el contenido terrorista. También mencionó cómo la invasión rusa de Ucrania derivó en la prohibición total de Sputnik y Russia Today, vulnerando el derecho de los europeos a acceder a la información. Además, advirtió sobre el peligro de extender el lenguaje del conflicto armado a tiempos de paz, señalando que los Estados hablan cada vez más de “guerra híbrida” y “guerra psicológica” incluso en ausencia de un conflicto armado, allí donde perciben que una “amenaza informativa” emana de un actor específico. Este lenguaje de conflicto armado —añadió— a veces se invoca para justificar restricciones bastante amplias a la libertad de expresión.
Ampliando sobre la relación entre derechos humanos y seguridad, la embajadora Irina Schoulgin-Nyoni sostuvo que, en lugar de controlar el debate, la mejor manera de construir una ciudadanía resiliente es garantizar el respeto a la libertad de expresión y que las personas recuperen la confianza en sus sociedades. En cuanto a las amenazas externas, destacó que Suecia está capacitando a sus funcionarios públicos y —lo que es más importante— concientizando a su población para ayudarla a entender qué formas podría tomar una eventual manipulación de la información. El enfoque sueco de “defensa psicológica”, agregó, tiene que ver con la responsabilidad ciudadana y la construcción de una democracia resiliente.
Sobre la verificación etaria y las restricciones basadas en el diseño
El asesor legal principal de EFF, David Greene, se refirió a un aspecto diferente del retroceso de la libertad de expresión. Contextualizó que los esfuerzos legislativos para restringir el acceso a internet con base en la edad de los usuarios pueden entenderse mejor como una versión actualizada de una tendencia autoritaria de larga data: la de intentar negar a los jóvenes el acceso a la información. El retroceso democrático en muchos países —añadió— hace que este sea un momento nefasto para otorgar a los gobiernos el mandato de restringir el acceso de los menores a la información, el entretenimiento y la cultura, y de privarlos de una plataforma para hablarle al mundo. Observó que los aspectos técnicos en torno a la verificación de la edad son importantes, pero centrarse solamente en ellos implica dar por perdida la batalla por la libertad de expresión. El debate no debería girar en torno a cómo privamos a los jóvenes de sus derechos, sino a si es una buena idea hacerlo.
Greene también advirtió sobre el entusiasmo excesivo ante los recientes veredictos de jurados en Nuevo México y California que responsabilizaron civilmente a empresas de redes sociales por los daños causados a menores que usaban sus productos. Cada uno se basa en fundamentos legales que podrían amenazar funciones protectoras de derechos, como las comunicaciones cifradas, y poner en peligro el discurso protegido. Si bien cree que algunas funciones de diseño podrían estar sujetas a una protección legal menos rigurosa que el propio discurso en línea, expresó escepticismo sobre si muchos de los esfuerzos por regular el diseño estaban realmente desvinculados de las preocupaciones sobre el contenido en línea; los debates legislativos sobre el diseño casi siempre terminan centrándose en el discurso de usuarios desfavorecidos. Ciertos elementos centrales del discurso suelen caracterizarse como funciones de diseño, y las restricciones sobre elementos que podrían separarse de las preocupaciones sobre contenidos específicos (como el desplazamiento infinito o la reproducción automática) aún tendrían que superar un nivel de escrutinio bastante alto —al menos un escrutinio intermedio— bajo el derecho estadounidense.
Una mirada hacia el futuro
En una nota más alentadora, la embajadora Schoulgin-Nyoni abordó las oportunidades que surgen para el liderazgo sueco al enfrentar los problemas expuestos. Destacó que alrededor del 30% del presupuesto de las agencias de ayuda suecas se destina a los derechos humanos y la democracia. Subrayó que el esfuerzo sueco está cobrando impulso: dada la magnitud de los desafíos y la escasez de recursos, y a medida que vemos cómo algunos Estados grandes se alejan de estos temas, cada vez más países pequeños y medianos se han dado cuenta de la necesidad de actuar de manera conjunta y complementaria.
Al hablar de las similitudes entre las tendencias analizadas, Chantal Joris mencionó algunos puntos de incidencia (advocacy). En primer lugar, instó a defender la expresión de quienes no están de acuerdo con nosotros, especialmente en entornos altamente polarizados. También pidió a los expertos de la sociedad civil que presten atención a los matices y no se dejen llevar demasiado por las “buenas intenciones” detrás de las regulaciones, centrándose en los efectos disuasorios (chilling effects) y los aspectos problemáticos de las soluciones técnicas como la verificación de edad. Asimismo, abogó por mantener el derecho internacional de los derechos humanos como un lenguaje común y por trabajar a nivel nacional, protegiendo el estado de derecho y las libertades fundamentales para fomentar la confianza en el orden jurídico internacional. Concluyó señalando algunas victorias recientes que fueron replicadas por varios gobiernos en otros lugares, por ejemplo, en relación con el uso de Palantir por parte de actores estatales. Enfatizó que las solicitudes de acceso a la información, el periodismo de investigación y las buenas campañas de concientización aún pueden ser efectivas.
Basándose en su último informe temático, Irene Khan abordó la colusión entre los gobiernos y los oligarcas de las grandes empresas tecnológicas (Big Tech). Enfatizó que, si bien los estándares internacionales de derechos humanos han resistido la prueba del tiempo, el sistema que sitúa a los Estados como los principales garantes de derechos enfrenta una presión creciente debido a la asimetría de poder entre las grandes plataformas y la mayoría de los Estados. Esto se exacerba cuando los gobiernos se alían con esas empresas para promover sus propios fines políticos, permitiendo que las plataformas lucren mientras desatienden sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Añadió que el costo de esa falta de rendición de cuentas lo pagan principalmente las mujeres que sufren ataques, los niños vulnerables en línea y los periodistas que pierden sus empleos debido a cómo las plataformas lucran con el producto de su trabajo sin retribución. Para volver a situar los derechos humanos en el centro de la conversación, propuso, en primer lugar, la creación de coaliciones amplias con múltiples actores (multi-stakeholder). En segundo lugar, para exigir cuentas a los gobiernos cuando buscan legitimar discursos prohibidos o prohibir expresiones legítimas, los Estados deben fortalecer instituciones que puedan actuar como contrapesos. En tercer lugar, se refirió a la necesidad de que los Estados rompan el monopolio de las grandes tecnológicas y creen un entorno propicio para los medios de comunicación independientes y la investigación. Finalmente, destacó la importancia de explorar nuevas ideas sobre cómo abordar la regulación y crear espacios de información alternativos, especialmente en el Sur Global, donde los recursos son más necesarios.